Giovanni Angelo Becciu no es el único cardenal que el Papa Francisco ha condenado como un monarca absoluto, privándolo del ejercicio de sus funciones sin ninguna verificación procesal de las acusaciones y sin importar que el castigado siempre se haya declarado inocente. Una suerte similar le tocó también a Juan Luis Cipriani Thorne (en la foto), arzobispo emérito de Lima, en Perú.
El castigo se remonta al bienio 2018–2019, pero solo recientemente se ha tenido noticia de ello, a raíz de un artículo del 25 de enero del diario español “El País” sobre un abuso sexual que el cardenal habría cometido en 1983, cuando era un simple sacerdote, y que habría sido denunciado al Papa 35 años después.
Las revelaciones de “El País” desataron una tormenta de reacciones opuestas: por un lado, los que defienden su inocencia, encabezados por el propio cardenal Cipriani, y por el otro, los que lo consideran culpable, entre los que se encuentra su sucesor y adversario en Lima, el cardenal Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio. El Vaticano, por su parte, confirmó las sanciones impuestas al presunto culpable.
Cipriani reaccionó primero con una carta al diario español y luego, el 29 de enero, con otra carta al presidente de la conferencia episcopal peruana, que el día anterior se había declarado del lado del Papa.
El cardenal Castillo, en cambio, se dirigió al “pueblo de Dios” con una declaración del 28 de enero, expresando su total apoyo al papa Francisco “por su sabia manera de ejercer la justicia en la Iglesia” y su plena confianza “en los procedimientos y herramientas penales canónicas que la Santa Sede ha utilizado”, en contra de personas que “se niegan a reconocer la verdad de los hechos” y las decisiones consecuentes, alegando “vanas justificaciones”.
En cuanto al Vaticano, fue el director de la sala de prensa, Matteo Bruni, quien confirmó el 26 de enero que “tras la aceptación de su renuncia como arzobispo de Lima”, al cardenal Cipriani “se le impuso un precepto penal con algunas medidas disciplinarias relacionadas con su actividad pública, su lugar de residencia y el uso de las insignias cardenalicias”, una medida “firmada y aceptada” por el propio Cipriani y que “sigue vigente, aunque en ocasiones específicas se le han concedido algunos permisos para atender solicitudes relacionadas con su edad y situación familiar”.
Al difundir esta declaración, el noticiero oficial “Vatican News” resumió así la réplica de Cipriani a “El País”:
“El octogenario Cipriani, actualmente residente en Madrid, en un comunicado calificó las acusaciones como ‘completamente falsas’. ‘No he cometido ningún crimen, ni he abusado sexualmente de nadie en 1983, ni antes ni después’, se lee en el texto, donde el cardenal confirma la existencia de una queja en su contra en 2018 y el hecho de que, en 2019, sin que se abriera un proceso, fue informado por el nuncio en Perú que la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe le había impuesto una serie de sanciones. Entre ellas, la limitación del ministerio sacerdotal, una residencia estable fuera del país y el silencio. ‘Lo cual he cumplido hasta ahora’, escribe Cipriani. También considera ‘grave’ que se publiquen informaciones ‘que parecen provenir de documentación reservada’”.
En resumen, todo lo que se sabe hasta ahora del caso es lo que han dicho en los últimos días algunos de sus protagonistas, desde bandos opuestos. Con no pocas contradicciones y con una premisa que debe tenerse en cuenta: la pertenencia de Cipriani al Opus Dei.
En Perú, el Opus Dei está fuertemente presente, con una universidad en la ciudad de Piura y con Cipriani como uno de sus principales exponentes. Nacido en 1943 en Lima, en su juventud fue campeón de baloncesto con funciones en la selección nacional, luego activo en el campo de la ingeniería, miembro del Opus Dei desde 1962, estudios de teología en Roma y España, ordenado sacerdote en 1977, luego de nuevo en Lima como profesor y director espiritual en el seminario. Es en 1983 cuando se encuentra varias veces en confesión con un adolescente en estado de desamparo, al que habría dado consuelo con una desmedida efusión de besos y abrazos —pero nada más, según el relato de “El País”—, que muchos años después le serían imputados como abusos sexuales en una denuncia secreta al Papa por parte de la presunta víctima.
Ya en ese lejano año 1983, inmediatamente después de la interrupción de los encuentros entre ambos, ese joven, a través de un amigo, había acusado de actos impropios a su confesor ante el entonces vicario regional del Opus Dei, recibiendo como respuesta la seguridad de que Cipriani había negado las acusaciones y que, en todo caso, sus “afectos paternos” habían sido malinterpretados.
Pero en ese momento el incidente no tuvo seguimiento y nada obstaculizó el ascenso de Cipriani, quien se convirtió en vicario del Opus Dei en Perú y luego vicecanciller de la Universidad de Piura, pero sobre todo fue promovido a obispo por Juan Pablo II en 1988, primero de Ayacucho y luego, desde 1999, de Lima, con el cardenalato en 2001.
Sin embargo, la Iglesia peruana también está muy dividida, con el Opus Dei fuertemente atacado, especialmente por los jesuitas. Y la elección como Papa en 2013 del jesuita Jorge Mario Bergoglio, ya conocido en Argentina por su enemistad con el Opus, fue un duro golpe tanto para esta organización, que durante su pontificado sufrió un drástico recorte, como para Cipriani, quien cinco años después, en el verano de 2018, fue informado por el Vaticano de la denuncia presentada al Papa por el abuso que se le imputaba en 1983.
El intermediario para entregar la carta de denuncia al Papa Francisco fue el chileno Juan Carlos Cruz, periodista, hoy miembro de la comisión pontificia para la protección de menores y él mismo víctima, en su adolescencia, de abusos, estos sí jurídicamente comprobados.
Sin embargo, hasta hoy se desconoce el nombre del autor de la denuncia y presunta víctima, también porque una solicitud suya, en ese mismo verano de 2018, de una reunión con el vicario del Opus Dei en Perú, presentada nuevamente a través de un amigo, fue rechazada “para no interferir en una acusación formal ya iniciada ante la Santa Sede”, como reveló el propio vicario Ángel Gómez-Hortigüela en un comunicado del pasado 26 de enero.
El hecho es que el 25 de enero de 2019, pocos días después de que Cipriani cumpliera 75 años, la edad canónica de jubilación de los obispos, el Papa Francisco lo removió de la guía de la archidiócesis de Lima, nombrando en su lugar a su acérrimo enemigo, Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio.
Castillo siempre ha elogiado como su maestro a Gustavo Gutiérrez (1928–2024), padre de la progresista teología de la liberación, y es teólogo él mismo, con un doctorado en Roma en la Pontificia Universidad Gregoriana y una cátedra en Lima hasta 2019 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una universidad que también ha sido objeto de un prolongado conflicto con el cardenal Cipriani, empeñado en quitarle la facultad de denominarse “Pontificia” y “Católica”, y con la secretaría de Estado vaticana que le dio la razón en 2012, aunque luego recuperó ambos títulos en 2016 por voluntad del Papa Francisco.
Los adversarios del cardenal Cipriani le han imputado de todo: su amistad con el presidente autócrata de Perú, Alberto Fujimori, incluso después de su caída en desgracia; la defensa del ex ordinario castrense Guillermo Abanto Guzmán, removido en 2012 por tener un hijo; la defensa del ex obispo auxiliar de Ayacucho Gabino Miranda Melgarejo, removido en 2013 por abusos sexuales comprobados, que él consideró solo “actos imprudentes”; y la defensa hasta el último momento del “Sodalitium Christianae Vitae”, suprimido por la Santa Sede el 26 de enero pasado por la gran cantidad de abusos sexuales y psicológicos acumulados por su fundador, Luis Fernando Figari, y sus cómplices.
Pero el verdadero destino de Cipriani después de su remoción de la archidiócesis de Lima dependía del resultado de esa denuncia por abuso sexual, que efectivamente llegó a su fin el 18 de diciembre de ese mismo año 2019, cuando el entonces nuncio en Perú, Nicola Girasoli, se presentó ante él con la solicitud de obedecer una serie de sanciones impuestas por la congregación para la doctrina de la fe con la aprobación del Papa.
Sobre la base de qué verificaciones de los hechos habían sido impuestas esas sanciones, a Cipriani no se le informó, ni se le entregó documentación de un proceso que nunca existió. Simplemente se le pidió que firmara la aceptación de esos castigos, lo cual hizo, añadiendo “por escrito en el mismo acto” que “la acusación era absolutamente falsa”, como revelaría en su carta al presidente de la conferencia episcopal peruana del pasado 29 de enero.
Poco después, el 4 de febrero de 2020, Cipriani se reunió en Roma con el Papa Francisco y —escribiría en su réplica a “El País”— “el Santo Padre me permitió reanudar mis tareas pastorales”, la predicación, la administración de los sacramentos, aunque siempre con la obligación de residir lejos de Perú, como efectivamente ha hecho hasta ahora, estableciéndose primero en Roma y luego en Madrid, salvo raros regresos a su patria (el último para recibir el 7 de enero pasado una condecoración del alcalde de Lima y miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga), así como de mantener el silencio, roto solo después de la publicación de sus presuntas fechorías y los ataques de sus adversarios en Perú.
El mayor de sus acusadores actuales es precisamente su sucesor en Lima, Castillo, hecho cardenal por el Papa Francisco el pasado diciembre, quien en su carta abierta del 28 de enero llega a escribir sobre Cipriani, sin nombrarlo: “Dado que en los últimos meses, tras investigaciones serias y precisas, existen personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y las decisiones tomadas por la Santa Sede, invitamos a todos a reflexionar a través de un camino de conversión que implique el abandono de las vanas justificaciones, la terquedad y el rechazo de la verdad, la cual, cuando es humildemente aceptada, nos hace a todos libres”.
Curiosamente, Castillo, pocos días antes, era el favorito en la elección del nuevo presidente de la conferencia episcopal peruana, en la que sin embargo fue derrotado, también por los efectos de una polémica sobre un espectáculo pro “género” programado para el 30 de enero en la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado “María Maricón”, con la Virgen interpretada por un hombre, un espectáculo finalmente cancelado pero defendido por el cardenal.
En su lugar, el 22 de enero fue elegido presidente de la conferencia Carlos Enrique García Camader, obispo de Lurín, pero anteriormente auxiliar de Cipriani en Lima. Sin embargo, él también se abstuvo de defender a su ex arzobispo en la declaración emitida por su nuevo cargo el 28 de enero.
“Lamentablemente, no es la primera vez que un cardenal es acusado con falsedades, con narraciones de detalles escabrosos”, escribió Cipriani en su réplica a “El País”.
Su alusión es al menos a dos casos, ambos con protagonistas cardenales de primer nivel, acusados de graves abusos sexuales que luego resultaron completamente infundados: el australiano George Pell (1941–2023) y el estadounidense Joseph Bernardin (1928–1996).
En ambos casos, sin embargo, su completa inocencia fue establecida por vías legales y públicas. Todo lo contrario de la condena sin proceso impuesta por el Papa Francisco a Cipriani, con la confusa guerra que ha surgido de ello.
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Sandro Magister ha sido firma histórica, como vaticanista, del semanario “L’Espresso”.
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